Mediante un comunicado, aseguraron que lo eliminado por el Gobierno de Milei »no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado».
El Ministerio de Economía dispuso el pasado martes el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Este viernes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su «más profunda preocupación» ante dicha decisión del Gobierno, mediante un comunicado.
El Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz -perteneciente a la CEA- detalló en el escrito: »Manifestamos nuestra más profunda preocupación ante la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por la Ley 27.508 de 2019. Este mecanismo eliminado bajo un Decreto presidencial, se trató efectivamente de una Ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil».
A su vez, remarcaron que el »Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas». Y agregaron: »No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado».
»En un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se elaboró un relevamiento estadístico en base a la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre los años 2019 y 2022. En este periodo se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas», detallaron, asegurando que éstas »alcanzaron a 168 victimas por un total de más de 70 millones de pesos (en rigor, 70.823.001,20 pesos) y 16.141 dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mismos fines».
Por último, aseveraron que el hecho »representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas».
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