La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) oficializó hoy su decisión de limitar «al mínimo» la participación de agentes de inteligencia como auxiliares de la Justicia y estableció que los medios «técnicos y humanos» de la ex Side deberán dedicarse al «estricto cumplimiento de las funciones de producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo».
También dispone la «reducción al mínimo» del «ejercicio de las funciones de investigación criminal» así como su «participación como auxiliar de la justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del Organismo, establecidas legalmente».
En esa dirección, se comunicó a los jueces y fiscales con «competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto» a los efectos de que dichos funcionarios «apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención» de la AFI en «actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales».
La resolución fue dada a conocer a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación.
Además, se menciona al decreto 52 del 20 de diciembre pasado, que dispuso la intervención del organismo y designó a Caamaño con las «facultades de gobierno y administración» de la AFI.
La normativa recuerda además que el decreto 52 derogó el decreto 656, del 6 de mayo de 2016, que implicó «un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del sistema de inteligencia nacional, regido por la Ley número 25.520 y, principalmente, su modificatoria número 27.126».