El gobierno de Javier Milei mantiene acumuladas más de 227.000 solicitudes de Pensiones No Contributivas por discapacidad sin respuesta, mientras que en los últimos tres años se otorgaron poco más de 8.000 beneficios, revelan datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cuando el Estado congela expedientes y suspende de forma masiva beneficios vigentes, desmantela los principios de la justicia social y transforma los derechos humanos en variables de ajuste fiscal.
Por Oscar Dufour | (*)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó a la luz una radiografía alarmante de la situación de vulnerabilidad extrema que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. A través de un pedido de acceso a la información pública respondido por el Ministerio de Salud, el organismo reveló que existen 227.354 solicitudes de pensiones no contributivas completamente paralizadas, dejando a cientos de miles de ciudadanos en una situación de absoluto desamparo económico y de salud.
Los datos oficiales exponen un escenario de asfixia administrativa y congelamiento de recursos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): sobre un universo total de 324.303 trámites iniciados, la actual gestión solo ha resuelto 10.374 expedientes. Esto significa que el Estado apenas ha dado respuesta al 3% de las demandas, otorgando únicamente 8.633 altas y rechazando 1.741 solicitudes.
Ajuste invisible sobre los más vulnerables
Mientras los expedientes acumulan polvo en las oficinas de ANDIS, la contracara de la parálisis administrativa es una política de recorte agresiva. De manera paralela, al freno de los nuevos beneficios, el Gobierno ejecutó la baja masiva de más de 110.000 pensiones que ya se encontraban vigentes, amparándose en auditorías de control oficial.
El informe desarma además el argumento oficial de la «pesada herencia» para justificar la inacción.
A las 227.354 personas que cumplen con todos los requisitos y siguen esperando una firma digital que les devuelva la dignidad, se suman otros 96.949 solicitantes atrapados en la burocracia, imposibilitados de completar la documentación obligatoria por las propias barreras y recortes de los canales de atención del organismo.
Una vulneración sistemática de derechos básicos
Desde el CELS advierten que la pensión no contributiva no es un gasto prescindible, sino un derecho humano fundamental que garantiza la subsistencia mínima y, fundamentalmente, el acceso a la cobertura de salud a través del programa Incluir Salud.
La parálisis total del sistema no representa un ahorro fiscal legítimo, sino un abandono explícito de los deberes del Estado hacia la población más desprotegida del país. Detrás de cada expediente frenado hay una persona con discapacidad que hoy no puede comprar alimentos, pagar sus tratamientos médicos ni acceder a medicamentos esenciales.
Conclusión
La verdadera fortaleza de una sociedad se mide por la protección que brinda a sus miembros más postergados. Postergar el sustento de las personas con discapacidad vulnera tratados internacionales y rompe el pacto democrático fundamental de resguardo a la dignidad humana.
Las pensiones no contributivas no son dádivas discrecionales, sino herramientas de equidad orientadas a compensar desigualdades estructurales.
La Justicia Social no es una abstracción ideológica, sino la garantía materializada de que el origen o la condición física de una persona no determinen su derecho a subsistir. Ignorar las demandas de los sectores más vulnerable, despoja al Estado de su rol de árbitro social, y promueve una exclusión que condena a miles de ciudadanos al abandono y la desprotección absoluta.
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino 
. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires
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