Unión por la Patria cruzó a Milei: "El presidente no puede privatizar Aerolíneas Argentinas por decreto"

Al gobierno de Milei no le dan los números en el Congreso Nacional para privatizar Aerolíneas Argentinas y el vocero presidencial comunicó que el Ejecutivo firmará un DNU para su privatización. Las reacciones de Unión por la Patria ante el anuncio.

El vocero presidencial anunció este viernes, en su habitual conferencia de prensa para informar los actos del Gobierno, que “los primeros días de la semana que viene” el presidente Milei declarará a la empresa Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización” a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Al igual que los impulsores del proyecto que está siendo tratado en reuniones plenarias de la Cámara baja, el portavoz señaló que “Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico, a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constante transferencia de recursos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas ocurrió en 2008 bajo el primer mandato de Cristina Kirchner y aprobada por la Ley 26.412 sancionada el 3 de septiembre de ese año. Ante el anuncio del funcionario libertario, desde Unión por la Patria le salieron al cruce en X.

“Aerolíneas Argentinas no puede ser privatizada por decreto porque eso violaría la Ley de Reforma del Estado que dice que el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto al Congreso”, afirmó el diputado Eduardo Valdés. “Veo que todo esto se debe a un comportamiento impulsivo que viene desplegando el gobierno, porque es el enojo de hoy con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por pedir un salario digno”, agregó Valdés, subrayando la falta de planificación en las decisiones gubernamentales.

En ese sentido, se refirió también a intentos fallidos previos: “El otro día vinieron a la Comisión de Transporte en la cámara de diputados con la idea de aprobar un dictamen para privatizarla y no pudieron hacerlo porque no tenían ni los números. No saben ni lo que quieren hacer con la empresa”.

En primera instancia, la diputada santafesina Florencia Carignano aportó una serie de explicaciones graficadas en diferentes tuits: “Dicen que el Estado aportó u$s 8.000 millones a la empresa, que es la cifra total desde su reestatización en 2008, es decir a lo largo de 15 años. Lo que no te cuentan es que solo en 2023 Aerolíneas generó u$s 8.000 millones de impacto positivo en la economía”.

Luego, añadió que “el impacto económico positivo de Aerolíneas calculado con metodología de IATA para el período 2011-2023 es de s$s 51.600 millones”, y cargó: “La empresa es el principal motor de la expansión del mercado local gracias a que pasó de 5.700.000 pasajeros en 2008 a 11.685.000 en 2022”.

Para cerrar, aseveró que “la pérdida de nuestra aerolínea de bandera constituye un daño irreparable al país del cual el gobierno de Milei es el principal responsable, pero también son cómplices los diputados colaboracionistas que cambian sus votos por las migajas que caen de la mesa de los poderosos”.

De carácter legislativo, la diputada nacional Julia Strada mencionó a la Constitución Nacional y explicó el camino legislativo del DNU que enviará el Poder Ejecutivo la semana entrante: “Los DNU sólo pueden dictarse cuando resulta imposible, ya sea porque el Congreso no se puede reunir o porque la solución se debe alcanzar de manera urgente, seguir el procedimiento de formación y sanción de leyes”.

Y siguió: “Si el Congreso está en pleno funcionamiento y tratando el proyecto de ley sobre el mismo tema, no existe razón que habilite el dictado de un DNU”. Del mismo modo, amplió que “lo anterior se agrava si consideramos que la iniciativa privatizadora YA FUE RECHAZADA durante el periodo parlamentario en curso por el Senado de la Nación”.

“En resumen, el eventual dictado del DNU sobre la declaración de privatización de Aerolíneas Argentinas supondría una vulneración absoluta a la Constitución Nacional y, en concreto, al principio de separación de poderes, a las atribuciones del Congreso y al procedimiento parlamentario”, concluyó Strada.

Brevemente, el diputado porteño Itaí Hagman se refirió al anuncio del vocero: “Ayer decían que el dato de pobreza era para celebrar y hoy salen a intentar instalar un tema diciendo que LA SEMANA QUE VIENE van a mandar un DNU que igual TIENE QUE TRATAR EL CONGRESO y que no le va a mejorar la vida a nadie. En Narnia”.

Arrobando la cuenta del presidente Milei, la diputada entrerriana Carolina Gaillard señaló que el jefe de Estado “no puede dictar un DNU para declarar la necesidad de expropiación de Aerolíneas porque violaría la Ley de Reforma del Estado que establece un procedimiento claro para proceder a privatizar una empresa”.

Además, Gaillard mencionó que ese marco legislativo “exige que el PEN mande un proyecto de ley al Congreso y este lo apruebe”. Agregó que “no se cumpliría el requisito sustancial para la validez de un DNU que es la necesidad y urgencia -ya dijo la CSJN- que la mera conveniencia no es suficiente para habilitar el dictado de un DNU”.

Y cerró: “el presidente no puede elegir la vía más conveniente, y que la regla es la ley y el DNU la excepción”. Para terminar, explicó que “el DNU puede ser rechazado y perder vigencia con lo cual generaría inseguridad jurídica al procedimiento ya que puede ser anulado por el Congreso y dejado sin efecto”.