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El Gobierno cuestionó los fallos de la Cámara Federal porteña que dispuso la excarcelación de integrantes de «Revolución Federal»


El ministro de Justicia, Martín Soria aseguró que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens son «operadores al servicio de lo peor de la política». Su viceministro, Juan Martín Mena, dijo que los últimos fallos expresan una actitud «encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible». Se sumaron funcionarios y dirigentes del Frente de Todos.


 

Funcionarios del Gobierno y dirigentes del Frente de Todos (FdT) cuestionaron este miércoles el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los integrantes de Revolución Federal en la causa que se sigue por el presunto delito de incitación a la violencia colectiva, y coincidieron en reclamar que la investigación avance sobre los «vínculos políticos» de ese espacio.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dictó el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de Revolución Federal.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es querellante en esta causa, que investiga las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales contra su persona por miembros del espacio Revolución Federal tiempo antes de que se produjera el atentado en su contra.

De hecho, se pidió la unificación de este expediente con el que investiga el intento de magnicidio, pero la jueza y la Cámara rechazaron ese planteo.

El repudio de Martín Soria

«Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia», sostuvo el funcionario nacional en declaraciones a la radio AM 990.

Además, el funcionario insistió en que estos camaristas son parte de «un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales» del intento de magnicidio perpetrado contra la Vicepresidenta el pasado 1° de septiembre en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

Aníbal Fernández

Al respecto, el ministro de Seguridad opinó que «hay muchas cosas que siguen dando vuelta y que deberían ser revisadas».

«No están dadas las condiciones para llevar a un juicio oral y público. Nadie sabe exactamente qué pasó y eso requiere un poco más de análisis, seguimiento e investigación. La Justicia tiene que cumplir con el Código Procesal. Tiene que responder con contundencia a las definiciones que hay en el expediente», sentenció el titular de la cartera de Seguridad en declaraciones a la emisora online FutuRock.

Oscar Parrilli

Por su parte, el senador neuquino y presidente del Instituto Patria repudió la excarcelación de los cuatro integrantes del grupo Revolución Federal y remarcó que «hay que investigar el grado de conexión entre Brenda Uliarte – detenida por el intento de magnicidio-, Revolución Federal, -el diputado de JxC- Gerardo Milman y – la presidenta del PRO- Patricia Bullrich.

En ese sentido, el senador por el FdT resaltó que «hay elementos que se deben investigar» ya que está «convencido de que existe una relación» entre Bullrich, Milman y la agrupación que organizó «las marchas más violentas contra el Gobierno».

«La jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal, con estos dos jueces especiales como Bruglia y Bertuzzi y el arquero de Macri, Llorens, no quieren que se investigue. Quieren que quede como un grupito de locos», fustigó Parrilli.

Agustín Rossi

En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) calificó como «un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político» negar la influencia de los discursos de odio en la creación de grupos como Revolución Federal y sostuvo el fallo de la Cámara Federal porteña «es apresurado».

«La decisión de la Cámara parece a todas luces apresurada. Ni siquiera esperó que el juez (Marcelo Martínez De Giorgi) defina la situación procesal. Esto no significa que no pueda seguir investigando, sino que los dejan en libertad mientras se sigue llevando adelante la investigación», evaluó Rossi.

Asimismo, señaló que «negar que los discursos de odio, las agresiones, las difamaciones y las violencias generaron o tienen alguna influencia directa en la creación de los grupos violentos extremistas de derecha como Revolución Federal es un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político».

Juan Martín Mena

También el viceministro de Justicia afirmó que el fallo judicial constituye «una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible».

Mena relacionó este fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que el mismo tribunal emitió esta semana en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti por el intento de asesinato a la exmandataria.

En esa resolución, los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia, le ordenaron a la magistrada elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar la investigación otras hipótesis, algo que para el funcionario es «verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente».

«Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecuciones política a la que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos», enfatizó.

Cristina Álvarez Rodríguez

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense afirmó que se está ante una agrupación como Revolución Federal que «actuó como una verdadera asociación terrorista, con un líder que afirmó que el objetivo era que los kirchneristas sintiéramos miedo».

«Es un fallo que está garantizando impunidad. Quienes promueven el odio en la Argentina quedaron libres. Acá se intentó asesinar a la vicepresidenta de la república», subrayó.

En ese contexto, opinó que «el Poder Judicial debe ser ejemplar, no debe ser parcial y debe actuar con todo el peso de la ley. No se pueden naturalizar hechos de violencia como los que vivimos en los últimos tiempos» y añadió: «Queremos vivir en paz».

Posteriormente, la vicepresidenta primera del PJ nacional refirió que «no puede ser que para Cristina no haya justicia en la Argentina», señaló que «lo que ocurrió ayer es gravísimo» e indicó que «los que atentaron contra Cristina deben pagar con todo el peso de la ley».

Diputados y senadores del Frente de Todos

En tanto, legisladores bonaerenses del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que advirtieron que «la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi llama profundamente la atención» en el marco del «avance de la investigación de la causa donde se constaron transferencias por más de 13 millones de pesos que recibió el líder del grupo Revolución Federal por parte del fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA».

En otro tramo del comunicado expresaron que «este grupo ultraderechista había organizado hechos violentos en la Casa Rosada, que incluyeron intentos de incendio, antorchas y bombas molotov» y recordaron que «de esta actividad había participado Brenda Uliarte, una de las protagonistas del intento de magnicidio».

«Lamentablemente los magistrados lejos de profundizar la investigación, analizar el financiamiento o buscar vínculos con el atentado del 1° de septiembre, decidieron recortar la investigación y liberar a los cuatro integrantes considerando que no hay riesgo que se fuguen o alteren la causa», manifestaron los legisladores bonaerenses del FdT.

Asimismo, señalaron que «los camaristas fueron nombrados sin concurso por el expresidente Mauricio Macri, además de ser el tribunal que sobreseyó a Macri en la causa de espionaje a los familiares del Ara San Juan».

«Le solicitamos a la Justicia que actúe en forma rápida y certera para que nunca más un grupo de extremistas organizados ponga en riesgo la vida, nuestras instituciones y nuestra convivencia democrática», pidieron los legisladores bonaerenses del FdT en el comunicado.

El martes, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, fustigó el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los miembros de Revolución Federal y lo consideró una medida «fascista» que busca «empoderar a los violentos».

«Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel», quien atentó contra la Vicepresidenta, sostuvo Ubeira en diálogo con El Destape Radio.

Tras su excarcelación, el referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, aseguró que «jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo».

«Lo que estaría a mi alcance es acercarme a Cristina y decirle que la estoy pasando mal, que no me gusta para nada su gobierno. Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo. Es imposible que me acerque siquiera a la Vicepresidenta», afirmó Morel en referencia a los mensajes difundidos en la plataforma Twitter Space, en los cuales en los cuales amenazaba de muerte a la exmandataria.

Bloque del Frente de Todos

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudió este miércoles la  decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar a los cuatro miembros de Revolución Federal que estaban detenidos por incitación a la violencia en el marco del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y acusaron a los jueces de responder a las directivas de Mauricio Macri y al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dictó ayer la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de Revolución Federal.

En un comunicado, la bancada del FdT -que preside Germán Martínez- expresó «su más absoluto repudio a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que responden directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti, de liberar a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, detenidos por incitación a la violencia e instigación en el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación».

«El 1° de septiembre de 2022 hubo un intento de magnicidio en la Argentina que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias», destacó el bloque oficialista.

Agregó que «desde el Bloque de Diputadas y Diputados Nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina».

En esa línea, la bancada del oficialismo apuntó que «la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma ‘Caputo Hermanos SA’, propiedad del exministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo», agregó.

En ese sentido, el bloque del FdT expresó que «en vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados».

En esa línea, la bancada afirmó que «tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I. Se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos».

Subrayó que es el » mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década».

 

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