El encuentro comenzará este miércoles a las 14.45 en España 2040, el ingreso al predio ribereño de 71 hectáreas donde iba a construirse la Ciudad Deportiva Boca y que fue adquirido por la empresa IRSA en 1997.
El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Leandro Santoro, junto al legisladores porteños, entidades deportivas, comuneros y vecinos del barrio Rodrigo Bueno realizarán este miércoles un abrazo a la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en Costanera Sur, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avala el proyecto para la construcción de torres de 45 pisos.
El encuentro comenzará a las 14.45 en España 2040, el ingreso al predio ribereño de 71 hectáreas donde iba a construirse la Ciudad Deportiva Boca y que fue adquirido por la empresa IRSA en 1997, que ahora busca la sanción en la Legislatura local de un convenio urbanístico firmado con el Ejecutivo porteño para levantar el conglomerado de edificios.
«El objetivo es reclamar por el destino deportivo que tenían dichas tierras, en contraposición al proyecto del Gobierno de la Ciudad para habilitar allí torres de lujo de hasta 45 pisos. El predio, lindero a la Reserva Ecológica y al barrio Rodrigo Bueno, abarca 71 hectáreas y equivale en superficie a medio barrio de San Telmo», indicaron las organizaciones convocantes al abrazo.
La protesta se realizará a pocos días de que la Legislatura ponga en debate en el recinto el acuerdo urbanístico que incluye la modificación a la normativa urbanística actual que rige en el predio, que solo habilita usos deportivos, para autorizar a IRSA, dueña del terreno, a avanzar en la construcción de las torres.
A modo de contraprestación, la empresa inmobiliaria y de bienes raíces cederá un sector de la parcela al dominio del Estado porteño para que sea un parque verde.
No obstante, el tratamiento legislativo estuvo bloqueado por una orden judicial emitida por el juez Guillermo Scheibler, que dio lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales que objetaron el envío al Parlamento del convenio por parte del Ejecutivo sin antes cumplir con una serie de procedimientos establecidos en la Constitución local, como una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental del emprendimiento.
La semana pasada, una resolución del magistrado Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó la orden medida cautelar de su colega, lo que dio luz verde a la Legislatura a llevar al recinto el expediente en cuestión.
