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Soria analizó con otros funcionarios las acciones que realiza su cartera para cumplir con lo dispuesto por la Ley de Alquileres

«Tomó varias medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Alquileres dentro de su competencia, fomentando el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje», aseguró el ministro nacional de Justicia en referencia a su cartera y los pedidos de mediación a locadores y locatarios.


 

El ministro nacional de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, analizó con otros funcionarios las acciones que realiza su cartera para cumplir con lo dispuesto por la Ley de Alquileres, en el marco de los pedidos de mediación y asesoramiento a locadores y locatarios.

Del encuentro participaron Soria; la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, y el director nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Patricio Ferrazzano.

Los funcionarios «examinaron el trabajo que viene desarrollando el Ministerio durante la pandemia, particularmente, las medidas que ya se tomaron al quedar sin efecto el Decreto 320/20 que disponía el congelamiento de los contratos de alquiler y la prohibición de los desalojos por incumplimiento del pago de alquileres», informó Justicia en un comunicado.

Añadió que la cartera «tomó varias medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Alquileres dentro de su competencia, fomentando el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje».

«Dentro de las medidas ya ejecutadas por el Ministerio de Justicia se encuentra la formación, a partir del 22 de febrero, del equipo de mediadores profesionales del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, que cumplen la función de atender específicamente la problemática del contrato de locación de inmuebles», detalló.

«Si bien el Ministerio de Justicia solo tiene competencia para propiciar mediaciones prejudiciales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- conforme la Ley 26.589 -, seguimos trabajando para atender las situaciones conflictivas y angustiantes que generó la pandemia en materia de contratos de alquileres en todo el país», explicó Soria.

Este martes el equipo de profesionales de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos iniciará a la tercera etapa de formación de los trabajadores y trabajadoras de los 92 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), distribuidos en toda la Argentina.

Objetivos de la acción

La acción está destinada a que «puedan brindar asesoramiento gratuito sobre los derechos, obligaciones y garantías que tiene cada persona que está atravesando problemas con sus contratos de alquiler de vivienda».

«Uno de los objetivos del Ministerio es multiplicar la asistencia y atención de la problemática de los alquileres de vivienda. A la hora de cumplir esto, los CAJ son una pieza fundamental para llegar a todas las regiones, fomentando el correcto cumplimiento de la Ley de Alquileres en todo el país» afirmó Carpinetti.

Y Ferrazzano agregó: «Todas estas acciones que analizamos van en sintonía con la política pública de acceso a la justicia que esta cartera ofrece a todos los ciudadanos».

También se habilitaron espacios para servicios de mediación en los CAJ ubicados en CABA, única jurisdicción en la que el Ministerio tiene competencia en materia de mediaciones prejudiciales, se explicó.

También se suma «la habilitación de mediaciones prejudiciales de manera remota dentro del ámbito de la CABA y la firma del convenio para asistir técnicamente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el trabajo que viene realizando para dar una concreta y eficaz respuesta a las personas que atraviesan dificultades con sus alquileres».



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