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Cristina Caamaño efectuó ante la Sigen el primer informe de gestión sobre funcionamiento y reformas de la AFI

En la reunión «se plantearon las principales medidas adoptadas en relación al Régimen de Administración Financiera, como la apertura presupuestaria, la declaración de recursos provenientes de la venta de inmuebles y la transparencia de los fondos asignados a la AFI».


 

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, realizó «la primera rendición de cuentas» de su gestión a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Carlos Montero, sobre «las políticas de transparencia y las reformas adoptadas en el organismo», se informó hoy oficialmente.

En un comunicado, la AFI informó que «el encuentro se realizó en el marco de las reuniones previstas por la Resolución 290/2019 de la SIGEN, que reglamenta el funcionamiento de los Comités de Control Interno, que funcionan en los organismos obligados».

Además de Caamaño y Montero participaron la síndica General Adjunta, Irma Miranda; el síndico General Adjunto, Máximo Borzi de Lucía; el gerente de Control del Sector Económico e Institucional, Juan Manuel Suárez; la síndica Jurisdiccional de Presidencia de la Nación, Roxana Tornese, y la síndica Jurisdiccional adjunta, Julieta Elena Leonetti.

La conferencia realizada de forma remota por la pandemia de coronavirus «cobra trascendencia por la decisión política adoptada por la interventora de someter por primera vez a la Agencia Federal de Inteligencia a los mecanismos de control internos y transparencia institucional, así como el síndico, quien permitió la creación de la Unidad de Auditoría Interna de la AFI y propició el trabajo conjunto».

En la reunión «se plantearon las principales medidas adoptadas en relación al Régimen de Administración Financiera, como la apertura presupuestaria, la declaración de recursos provenientes de la venta de inmuebles y la transparencia de los fondos asignados a la AFI», se detalló.

Además, se expuso sobre «políticas de personal, entre las que se destacan la bancarización del pago de los salarios, el cumplimiento de la Ley Micaela, la eliminación de los nombres supuestos (o alias) a los y las agentes que no cumplen tareas de inteligencia, la puesta en funcionamiento del Consejo Asesor Permanente, la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios y funcionarias y la prohibición del uso de polígrafos».

Otros temas abordados fueron «la reformulación de la estructura organizativa; la implementación del Procedimiento Administrativo para la Gestión de Documentación; la elaboración del primer Plan Anual de Compras y Contrataciones; la adecuación a la normativa vigente en materia de compra de pasajes y combustibles, y el detalle de las denuncias presentadas a la justicia», añadió la información oficial.

A la vez se analizó «el compromiso institucional de la Intervención encabezada por Cristina Caamaño para avanzar en el cumplimiento de observaciones pendientes de regularización, como la puesta en funcionamiento de un sistema de expedientes digital que garantice un adecuado control interno».

Y también «la implementación del sistema e-Sidif; el correcto registro de los bienes de consumo y de uso ante la Contaduría General de la Nación, y la realización de un inventario anual, a través de un software que permita una administración eficiente de los bienes».

Caamaño y Montero «destacaron la trascendencia institucional del informe, que quedó expuesta en la participación de las autoridades de ambos organismos, y que es la primera vez en la historia de la Agencia Federal de Inteligencia que se integra a las políticas de control que rigen para los demás organismos de la Administración Pública Nacional».

 



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