Con 13 votos afirmativos y cuatro negativos, la ley aprobada establece la «emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional» en Entre Ríos y espera ser promulgada los próximos días por el Poder Ejecutivo.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto de emergencia del gobernador Gustavo Bordet, que prevé aumentos de impuestos y aportes jubilatorios y cuestiones paritarias, y que tuvo el rechazo de gremios y asociaciones que realizaron marchas y asambleas.
Con 13 votos afirmativos y cuatro negativos, la ley aprobada establece la «emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional» en Entre Ríos y espera ser promulgada los próximos días por el Poder Ejecutivo.
La vigencia de la ley será de un año, y podrá ser extendido el plazo una vez más por el gobernador, Gustavo Bordet, por otros 180 días.
Entre los artículos, la norma solicita un «esfuerzo colectivo impositivo» para «superar la crisis económica» generada «por el macrismo y la pandemia del coronavirus», según apuntó el gobernador entrerriano.
La ley establece un aumento de los impuestos a las droguerías de 1,6% actual a 4%, exceptuando a «micro o pequeños contribuyentes y cooperativas».
La norma dispone que quienes poseen más de 1.000 hectáreas deberán aportar un 10% del impuesto inmobiliario anual que pagan en 2020 y 2021, y también una «contribución especial» del sector financiero y bancario, «el que más se benefició en los últimos años», según justificó Bordet.
Respecto al sistema previsional, la ley establece un aumento de aportes de activos a la Caja de Jubilaciones que comprenderá a quienes perciban más de $75.000 y que va del 16 al 22%.
La ley establece también un «aporte solidario extraordinario» por el tiempo que se prolongue la emergencia en las jubilaciones superiores a 75.000 pesos, que será entre un 4 y 10%.
Finalmente, la norma suspende la aplicación de «todos los dispositivos de actualización de haberes» del Estado provincial, y determina que los próximos aumentos serán «dispuestos por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias».
«Por ejemplo, si se decide en paritaria que el aumento sea del 10%, será ese porcentaje para un maestro, enfermera, juez, legislador o funcionario, todo con igualdad», concluyó.
Estas últimas dos modificaciones generaron el rechazo de numerosos gremios estatales, docentes y de magistrados que se movilizaron y convocaron a asambleas y marchas en diferentes ciudades de la provincia.
«Se trata de un proyecto que representa un nuevo ataque a los trabajadores», dijo el docente Máximo Deshayes tras participar de la actividad en la capital entrerriana frente a la Casa de Gobierno.
Pidió además «profundizar el plan de lucha por parte de los trabajadores para parar este ajuste».
Además, recibió la negativa de 18 Federaciones y Sociedades Rurales de Entre Ríos, de la CGT nacional y de la Federación Argentina de la Magistratura, entre otros.
Por eso, la Cámara de Diputados agregó un artículo a la norma en el que establecen la posibilidad al Poder Ejecutivo de desafectar del aumento del aporte a la Caja de Jubilaciones a personal en actividad y a pasivos.
