El peronismo expresó el rechazo en Diputados y reclama al gobierno de Milei por la extracción ilegal de petróleo en Malvinas

Adriana Serquis y Juan Grabois presentaron un proyecto de resolución para expresar el rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación al avance de operaciones de extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte por parte de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Además, reclaman al gobierno de Milei información sobre las gestiones diplomáticas realizadas para frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Adriana Serquis y Juan Grabois, impulsaron un proyecto de resolución mediante el cual solicitan que la Cámara de Diputados de la Nación exprese un «enérgico rechazo» al avance de las operaciones de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, ubicada en el Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas.

La iniciativa apunta específicamente contra las empresas Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, que los autores subrayan fueron declaradas clandestinas e ilegales por la Argentina mediante resoluciones adoptadas en 2012 y 2022, respectivamente.

Además del rechazo político, el proyecto solicita informes al gobierno de Milei para conocer qué medidas adoptó la Cancillería después de que ambas compañías anunciaran a fines de 2025 la decisión final de inversión para el proyecto offshore «Sea Lion», destinado a explotar recursos hidrocarburíferos en áreas cuya soberanía Argentina reclama.

Los fundamentos
Serquis y Grabois sostienen que existe un contraste entre los anuncios realizados por las compañías involucradas y las acciones diplomáticas desplegadas por el Gobierno nacional. Asimismo, afirman que la explotación offshore en la zona de Malvinas constituye una vulneración de los derechos soberanos argentinos y reclaman una respuesta más firme de las autoridades nacionales.
El proyecto cita información difundida por las propias empresas según la cual el desarrollo Sea Lion contempla una primera etapa con 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, con inicio de producción previsto para 2028. La documentación mencionada por los autores indica recursos potenciales superiores a los 1.300 millones de barriles de petróleo.
También señalan que Navitas analiza ampliar el desarrollo mediante una segunda plataforma que elevaría la capacidad productiva hasta unos 180.000 barriles diarios, consolidando una posición relevante en la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Los diputados recuerdan que la Cancillería argentina expresó formalmente su rechazo al proyecto en diciembre de 2025 y sostienen que el Congreso debe conocer cuáles fueron las acciones concretas adoptadas desde entonces para defender la posición argentina respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur.

Los diputados de Unión por la Patria además reclaman se informen detalles sobre las gestiones diplomáticas, administrativas y jurídicas realizadas durante 2026 ante los gobiernos del Reino Unido e Israel, así como posibles conversaciones mantenidas por el presidente Milei con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre el tema.

Los legisladores también requieren información vinculada con el desarrollo técnico del emprendimiento, incluyendo proyectos de inversión, tendido de tuberías submarinas, ubicación de plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga, y otros elementos que permitan dimensionar el alcance de la ocupación de espacios marítimos considerados por la Argentina como parte de su jurisdicción soberana.

En los fundamentos, Serquis y Grabois sostienen que existe un contraste entre los anuncios realizados por las compañías involucradas y las acciones diplomáticas desplegadas por el Gobierno nacional. Asimismo, afirman que la explotación offshore en la zona de Malvinas constituye una vulneración de los derechos soberanos argentinos y reclaman una respuesta más firme de las autoridades nacionales.