Fue presentada en la mañana de este miércoles y recayó en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos. También se prepara un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad y la inconstitucionalidad del decreto que suspende la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital Garrahan presentó, tal como había anticipado, una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el Ministro de Salud, Mario Lugones. Tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Pediatría pero dejando suspendida su implementación, la denuncia es por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y “ataque al orden democrático”.
La denuncia fue presentada en la mañana de este miércoles y recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. El escrito fundamenta que es “por la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 210, 248 y 249 del Código Penal de la Nación, en el marco de grave incumplimiento a sus funciones y ataque al orden democrático por sus acciones relativas a la ley de Emergencia Nacional de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales dictada por este Congreso”.
También las universidades anunciaron que acuden a la Justicia ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Lo mismo había sucedido con Discapacidad, por la suspensión de la Ley de Emergencia.
En el escrito presentado por la APyT se señala que “el presidente incumple el procedimiento de formación de leyes ignorando el mandato del Poder Legislativo de aplicar la norma sancionada, de manera antidemocrática y autoritaria, y ello mientras no aplica una ley que pretende atenuar la penosa situación de las y los trabajadores del hospital Garrahan, y mejorar las condiciones de atención en el hospital de los niños niñas y adolescentes pacientes” al tiempo que “decidió unilateralmente quitar las retenciones a los exportadores del agro privando al Estado nacional de dichos ingresos, e incluso propuso destinar millones de fondos estatales para la reimpresión de las boletas en la provincia de Buenos Aires para reemplazar al cuestionado y sospechado candidato José Luis Espert”.
“El nudo de la cuestión -plantea el documento- es que el sistema democrático se encuentra violentado por el Poder Ejecutivo Nacional, y ello con intención de perjudicar a los sectores más desventajados (…) Leyes sancionadas por el Congreso deben ser promulgadas y aplicadas por el PE, sin embargo el PE decidió no respetar lo decidido por el Congreso, por tanto ello debe ser investigado”.
Además de la denuncia penal, “se va a presentar un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir la nulidad del decreto (que suspende la ley de Emergencia Pediátrica) y la inconstitucionalidad”, anticipó Mariana Chiacchio, abogada de APyT.
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