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La Justicia Federal de San Juan habilitó la feria judicial para tratar amparo contra el DNU de Milei


Tras la noticia de que la Corte Suprema esperará «finalizar la feria» para tratar el DNU, la Justicia de esa provincia hizo lugar a un pedido de amparo. Se trata de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Eliana Beatriz Ratta Rivas, quien dispuso que «de modo excepcional y sin que genere precedente» se trate el tema en enero.


 

Dra. Eliana Beatriz Ratta Rivas, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.

 

En el documento, que lleva la firma de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, Eliana Beatriz Ratta Rivas, la magistrada expresa que «de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria».

 

Así la Jueza Ratta Rivas habilitó este sábado la feria judicial para el tratamiento del amparo presentado por un grupo de abogados de esa provincia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Milei sobre numerosas cuestiones que pretenden avanzar en la desregulación de la economía.

 

Por otro lado, hasta el pasado miércoles 27 de diciembre ya se habían registrado 13 amparos judiciales contra el DNU, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma. El decreto entró en vigencia el último jueves.

 

El decreto, que entró en vigencia el último jueves, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de tratar su constitucionalidad, pero el máximo tribunal advirtió que lo haría al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo.

 

La decisión de la Corte Suprema responde al pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que con el patrocinio de abogados al ex Juez de la Corte Raúl Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra. solicitó que se declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación.

 

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