El organismo de control investiga a 176 empresas que no estaban habilitadas para realizar esas operaciones comerciales y las simularon bajo la utilización de documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de enviar divisas al exterior.
La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron este jueves alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha, que fue iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero último.
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
«Básicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones», precisó el titular de la DGA, Guillermo Michel, este mediodía en diálogo con la prensa.
La investigación surgió a partir de un cruce sistémico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que -en términos efectivos- nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas de las empresas allanadas -señaló Aduana- eran «cáscaras» pues no tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros.
Además, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas sólo para realizar este tipo de conducta ilícita.
Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.
La Aduana le informó de la situación al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recabó información de las empresas en ese país y brindó detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
De dichos datos, se desprendió que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas están vinculadas con argentinos.
«La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener dólares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidación», subrayó Michel.
El titular de Aduana confirmó que se detuvieron a dos personas en el marco de los allanamientos, además de secuestrarse mercaderías.
Las SIMIs falsas, que dieron luz verde al giro de divisas, habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
«Podemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no están involucrados, pero si lo estuvieron empleados infieles de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la justicia hasta ahora. En las escuchas realizadas se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra», dijo Michel, quién aclaró que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Dichos empleados «pedían determinados montos a cambio de liberar de manera irregular estos giros» sin «la debida documentación», agregó el funcionario.
Los dos detenidos, precisamente, son empleados de dos entidades financieras.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, lo cual fue solucionado con la implementación del SIRA, que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).
El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), pusto en marcha por el Gobierno anterior, estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2022, cuando comenzó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que se encuentra vigente en la actualidad.
«Evidentemente los controles fallaron. El sistema SIRI tenía errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente falló el control delegado en los bancos comerciales», señaló Michel.
La denuncia en la causa se encuadra en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante.
El titular de Aduana dijo que «hay tres causas más en distintos juzgados» que están vinculados con el tema, y que habría «un hilo» en común entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EEUU, que habrían participado de la maniobra, tras lo cual remarcó que no se encontraba autorizado a dar mayor información sobre el tema debido a que la investigación se encuentra en proceso y existe secreto de sumario.
Previamente, en mayo último y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal Económico, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el microcentro porteño para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5 millones.
La DGA, en un comunicado, indicó que en un domicilio del barrio porteño de Belgrano «ante la llegada de la Aduana y la Policía Federal, las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza».
En el lugar, los policías y los inspectores encontraron «cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes».
«Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de telefonía en forma irregular», sostuvo la DGA, que además señaló que «en algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas».
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