La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a cargo de Carolina Gaillard (FdT) retoma este martes el proceso de enjuiciamiento a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia con el análisis de expedientes relacionados con el supuesto «abuso de poder». Carlos Rosenkrantz es el principal apuntado por no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados exclientes de su estudio jurídico particular.
En encuentro está pautado para las 13 horas en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, a la reunión fue convocado el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape.
Allí se describe -en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte- que Rosenkrantz participó en múltiples decisiones judiciales que las que estaban involucrados sus ex clientes. Una lista que incluye a las empresas Supercanal (3 fallos); AMX, el nombre jurídico de la compañía Claro (2 fallos); la Clínica Estrada (1 fallo); YPF (10 fallos); el supermercado DIA (5 fallos); al Grupo América (1 fallo); Pan American Energy (2 fallos); y la empresa Piero (1 fallo).
Otro de los convocados, es el periodista Juan Alonso por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.
El artículo hace referencia a los 151.000 millones de pesos, la cifra que reconoció el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe en un acuerdo que sellaron el gobernador Omar Perotti y exministro de Economía Martín Guzmán y que homologó el máximo tribunal. Una suma de la que entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “La Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”, describe la nota tras el hallazgo del contrato original que firmó el exgobernador socialista Hermes Juan Binner con los estudios jurídicos de Rosenkrantz y de Gil Lavedra, que se guardaba en absoluto secreto.
Rosenkrantz es el juez que profesa el antiperonismo y justifica la desigualdad. «No puede haber un derecho detrás de cada necesidad» suele afirmar, aunque lo novedoso no es esa provocación que utiliza como forma de descalificar la famosa frase de Eva Perón, sino que por la descripción de los periodistas Ari Lijalad y Juan Alonso en sus respectivos portales, no es descabellado «pensar» o «interpretar» que para este juez de la Corte, donde hay una necesidad lo que hay «no es un derecho sino un negocio».
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