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Por el diagnóstico de Covid de Cristina el Grupo de Puebla se reunirá el 19 de diciembre


Si bien el test arrojó un resultado positivo, fuentes cercanas a la Vicepresidenta de la Nación confiaron que «ella se encuentra en buen estado de salud en El Calafate».


 

El Grupo de Puebla, el foro político y académico progresista de América Latina, el Caribe, España y Portugal, postergó hasta el 19 de diciembre la reunión en la que iba a denunciar lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, debido a que la Vicepresidenta dio positivo en Covid.

El encuentro se iba a desarrollar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y estaba prevista la participación del presidente Alberto Fernández y de la titular del Senado.

El jefe de Estado y la Vicepresidenta iban a compartir el encuentro tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra la dos veces exmandataria en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

 

El Grupo de Puebla posterg su encuentro por una semana

 

«El encuentro de Grupo de Puebla ‘Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia’, cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes», informó este jueves esa organización.

Añadió que «dicha postergación se debe a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado positivo en un test de Covid. Cristina se encuentra en buen estado de salud en El Calafate», en la provincia de Santa Cruz.

Colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner aseguraron que la titular del Senado «está muy bien».

 

La actividad, impulsada por Alberto Fernández, busca «denunciar el lawfare» (guerra jurídica) contra la dos veces presidenta de la Nación y entregarle el «apoyo transversal» de la organización.

En paralelo, organizaciones políticas, sociales y sindicales habían convocado para el mismo día a las 17 a una manifestación frente al CCK, bajo consignas como «Basta de la mafia judicial», «Fuera la Corte y los jueces corruptos» y «Restitución de la Ley de Medios ya», la cual, obviamente, también quedó suspendida.

Con presencia de Fernández y Fernández de Kirchner estaban programadas mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José «Pepe» Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

La actividad preveía además las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom.

«Con el respaldo e impulso del propio presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el Grupo de Puebla organiza (…) un encuentro internacional de solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández, frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», indicó inicialmente el Grupo.

El documento denunció además que «la actual vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático».

 

DECLARACION

El Grupo de Puebla se solidariza con la vicepresidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial, proferido en su contra, que abre un nuevo capítulo de la guerra jurídica (lawfare) que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas como Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. En este como en los otros casos, también se han desconocido los derechos de la Vicepresidenta al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres. Inclusive se ha intentado atentar contra su vida hasta eliminarla físicamente.

Las guerras jurídicas dinamitan los espacios democráticos cediéndolos a turbias conspiraciones de poderes fácticos que utilizan la justicia con fines políticos, ocasionan severos daños reputacionales a los acusados y debilitan los proyectos políticos inspirados en la libertad, la justicia social y la soberanía de nuestros países. Precisamente, en días pasados el Presidente Alberto Fernández denunció algunas de estas oscuras maniobras que bien podrían considerarse un preludio del lamentable episodio judicial conocido en el día de hoy.

El Grupo de Puebla llama a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo de este proceso en sus nuevas etapas procesales e invita al pueblo argentino y a sus fuerzas progresistas a responder estos ataques de manera unificada y pacífica. La verdad se impondrá y los pueblos sabrán condenar este vergonzoso uso de la justicia y de los medios de comunicación para apartar un liderazgo representativo y combativo como el de Cristina.

Alberto Fernández, Presidente de Argentina.
Ernesto Samper, ex Presidente Colombia.
Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador.
Aloizio Mercadante, Brasil.
Cecilia Nicolini, Argentina.
Alicia Bárcena, México.
Marco Enríquez-Ominami, Chile.
Andrés Arauz, Ecuador.
Iván Cepeda, Colombia.
Verónika Mendoza, Perú.
Gabriela Rivadeneira, Ecuador.
Adriana Salvatierra, Bolivia.
Celso Amorin, Brasil.
Carlos Sotelo, México.
Esperanza Martínez, Paraguay.
Ricardo Patiño, Ecuador.
Aída García Naranjo, Perú.
Karol Cariola, Chile.
Guillaume Long, Ecuador.
Clara López, Colombia.
Carlos Ominami, Chile.
Ana Isabel Prera, Guatemala.
Camilo Lagos, Chile.

 

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó el martes a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».

Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces presidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.

«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.

 

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