«La Justicia está violando los derechos humanos, no respeta la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», dijo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
Organismos de derechos humanos, referentes políticos y agrupaciones sindicales pidieron este martes la «inmediata liberación» de las mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu detenidas desde hace una semana tras un desalojo en la localidad rionegrina de Villa Mascardi.
«La Justicia está violando los derechos humanos, no respeta la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», dijo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
Por la tarde de este martes, la jueza Silvina Domínguez sobreseyó y ordenó la libertad de una de las arrestadas.
Pérez Esquivel expresó que las mujeres mapuches detenidas sostienen «un reclamo legítimo» por el «derecho a su territorio».
«No son ciudadanos de segunda, tienen los mismos derechos que nosotros», resaltó, y dijo que el «problema de Villa Mascardi es más profundo y tiene que ver con no respetar los tratados» que reclaman estas comunidades.
«Se está reclamando a la gobernadora (Arabela Carreras) una mesa de diálogo para soluciones definitivas de los territorios», destacó Pérez Esquivel.
La madre de una de las detenidas, Patricia Vera, leyó una carta escrita por su hija Débora desde las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de San Carlos de Bariloche. «Desde el minuto cero nos han violentado. Fuimos esposadas sin saber adonde nos llevaban», leyó la mujer. La carta dio cuenta de la huelga de hambre que están haciendo las detenidas desde hace seis días: «La huelga tiene como fin exigir nuestra liberación».
«Lo que están haciendo es la continuación de la campaña del desierto», resaltó la detenida en un texto en el que se exige «el cese de la persecución al pueblo mapuche».
También participó desde Río Negro por videollamada el referente mapuche Orlando Carriqueo. «Argentina, en las últimas 72 horas, marcó un retroceso en los derechos humanos», manifestó, y agregó que su comunidad representa a «los hijos del genocidio impune» cometido desde hace 500 años. Agregó que «no se puede enfrentar un conflicto político y social con armas».
El integrante de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Eduardo Soares indicó que «se armó» esta causa contra las mujeres mapuches para «advertir» a quienes sigan reclamando por las tierras.
«Armaron esto para poder sacar a iagmen (mujeres) y peñi (hombres) del lugar para decir ‘esto es lo que va a pasar a los que siguen peleando'», subrayó el abogado, quien insistió en que «la jueza sigue con el secreto de sumario» e impide que se pueda «acceder a las pruebas» del proceso judicial.
El integrante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Pablo Pimentel afirmó que el país «está viviendo una situación muy grave de violación a los derechos humanos» de los pueblos originarios. «Le pedimos al Presidente que desmilitarice la zona y permita la libertad de las hermanas», subrayó.
También estuvo el cacique de la comunidad ocloya Néstor Jerez, quien pidió «basta ya de la persecución y estigmatización a los pueblos originarios», algo que «no sólo sucede» en el sur del país. «Esto -dijo- también está sucediendo en el norte, como con los pueblos wichis y con lo sucedido con el pueblo de Jujuy».
A mediados de septiembre, fuerzas de seguridad de esa provincia realizaron un desalojo y arrestos tras una protesta por el bloqueo de un camino ancestral. «Gerardo Morales avanza en la violación de los derechos sobre una comunidad reconocida», expresó el cacique.
El titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Hugo Godoy, indicó: «Lo que pasó en Villa Mascardi está en línea con lo que pasó en Jujuy». Añadió que «necesitamos que estos temas sean de magnitud nacional. Esto depende de toda la comunidad».
La diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad Myriam Bregman pidió la liberación de las detenidas y dijo que «hay una elección política» de que no se trate una ley de tierras para las comunidades originarias.
También estuvieron el dirigente de Unidad Piquetera Eduardo Belliboni, el secretario general de la CTAA Ricardo Peidro, la legisladora porteña del FIT-U Alejandrina Barry y la referente del Encuentro Militante «Cachito Fukman» Susana Rearte.
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