La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó la presentación judicial, mientras que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó al Ministerio de Educación porteño, directivos de escuelas y estudiantes a una reunión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo este jueves una presentación judicial para lograr que sean retirados los agentes policiales de la puerta de las escuelas porteñas afectadas por tomas u otras protestas estudiantiles. informaron fuentes oficiales.
La presentación -con formato de hábeas corpus- se conoció en momentos en que al menos 13 colegios de la ciudad de Buenos Aires se encontraban tomados en reclamo de mejores viandas y en contra de los defectos de infraestructura edilicia y de la obligación de hacer prácticas laborales en empresas, mientras en otros siete se registraban pernoctes.
La decisión de la Secretaría de Derechos Humanos sigue a las denuncias que el Gobierno porteño realizó contra familias de estudiantes que participan de las tomas, a las que les exigió una suma de 1.5 millones de pesos por cada día de protesta.
En tanto, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg conocida como «Lengüitas», realizó un abrazo simbólico al establecimiento.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó al Ministerio de Educación porteño, directivos de escuelas y estudiantes a una reunión para «generar un espacio de mediación y diálogo», sin que se hayan presentado las autoridades porteñas.
En la denuncia efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se especifica que la presencia policial en la puerta de los colegios donde se desarrollan las protestas representa «una amenaza a la libertad personal» de los estudiantes.
De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- «sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información», añade el texto presentado.
En el escrito, se indicó que los estudiantes «son mayoritariamente menores de edad que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones», por lo que la presencia policial «sólo persigue un efecto intimidatorio» para que los estudiantes «cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades».
La presencia policial en la puerta de los colegios y en los domicilios particulares de los padres de los alumnos para notificarlos de supuestos delitos contravencionales, fue viabilizada por la fiscal María Laura Presedo, ante una presentación del gobierno de la Ciudad.
«El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos», destacó la Secretaria, y aseguró que «tampoco son punibles los estudiantes por ser menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho».
«Nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios», dijo el secretario Horacio Pietragalla Corti.
El reclamo comenzó el viernes pasado cuando los estudiantes de la escuela Mariano Acosta del barrio porteño de Balvanera decidieron tomar el colegio en disconformidad con la cantidad y calidad de viandas que recibían, las fallas de infraestructura y la imposición obligatoria de prácticas laborales en empresas.
El gobierno porteño, a través de los directores, identificó a algunos de los padres de chicos que protagonizaban la protesta y les envió las denuncias a sus domicilios a través de la policía. En tanto, algunos colegios tomados denunciaban que sufrían cortes de energía eléctrica.
La ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, además anunció una multa de 1,5 millones de pesos por cada día de toma y destacó que como las jornadas de protesta no se computan como falta justificada, los alumnos corrían peligro de perder su condición de regular.
La Defensoría del Pueblo porteño organizó este jueves mesas de trabajo para que los padres sepan como actuar ante esas denuncias y con los alumnos se organizarán la semana próxima para hablar sobre el tema de las viandas y de la prácticas laborales en empresas.
Durante el abrazo simbólico al Lengüitas, Julia, presidenta del centro de estudiantes, dijo que «más allá de que queremos tener un acercamiento al mundo laboral, no son los modos. Las pasantías no son como se había planteado».
Y apuntó: «Algunas compañeras (de este colegio) fueron a un hotel internacional a hacer prácticas de idioma (por ser una escuela bilingüe) y terminaron lavando los platos. El hotel no tenía ni idea que íbamos a ir».
A su turno, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, cuestionó la actitud del Gobierno porteño en relación a las protestas en los colegios públicos y recordó que la participación y la organización estudiantil «están protegidas en la ley 26.877 de Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes».
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