Marisa Graham brindó un informe ante legisladores nacionales. “No hay ninguna provincia que no haya tenido algún tipo de intervención de la Defensoría”, remarcó.
La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, elogió la “visibilidad” que adquirió el sector que representa en los últimos dos años, y aprovechó el informe que brindó ante legisladores nacionales para cuestionar la situación de los menores internados en sitios de recuperación de adicciones y enfermedades mentales.
“Durante 2021 logramos una visibilidad de nuestra institución que no habíamos tenido el año anterior”, sostuvo Graham y remarcó que con ese protagonismo se adquirió “mayor potencia y coherencia”.
“No hay ninguna provincia que no haya tenido algún tipo de intervención de la Defensoría”, mencionó la funcionaria ante un grupo de senadores y diputados nacionales de la Comisión Bicameral Permanente que estudia y debate los problemas de niños, niñas y adolescentes en el Congreso de la Nación.
Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio anexo de la Cámara de Senadores de la Nación, Graham aprovechó para expresar que la institución que preside es “un organismo defensor de los derechos humanos independiente y autárquico” que no es “ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo pero tampoco del Poder Judicial”.
Otro de los avances que mencionó, además de tener un edificio propio, es la creación de una auditoría interna y de la red de defensores provinciales y de adolescentes, chicos y chicas promotores de derechos para el trabajo en territorio.
Seguridad alimentaria
Los focos en los que se centró la actividad de la Defensoría fueron “la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, los ingresos de la familia y el tema de la justicia juvenil desde el punto de vista de la legalidad”.
“Seguimos pidiéndole al Gobierno nacional que extienda la tarjeta alimentar con familias hasta los 17 años”, remarcó sobre la seguridad alimentaria, al tiempo que advirtió que “se puede ver cómo su ausencia impacta claramente en el ingreso de chicos de 15, 16 y 17 años”.
También destacó que “adquirieron su derecho a la asignación por hijo 137.815 niños y niñas”, y que el tope de cinco hijos “parecía arbitrario” por lo que se consiguió que “el año pasado se sumaran a la Asignación Universal por Hijo (AUH) 23.015 chicos».
También reclamó que la Tarjeta Alimentar «se ate a algún mecanismo de actualización, como tiene la AUH, y que no dependa de una decisión» del gobierno de turno.
Violencia institucional
Por otro lado, Graham también afirmó que “hubo denuncias, tratos crueles inhumanos y degradantes en algunos lugares de encierros en particular de varones”.
“Hay mucha violencia institucional en lugares de alojamiento de niños, niñas y en particular en los que hay problemas de adicción y enfermedades mentales”, señaló, mencionó.
Graham agregó que se necesita «una nueva ley de salud mental con la que hay que avanzar en los 24 distritos del país», y celebró «los avances de la Defensoría a nivel provincial y como institución, en general».
Educación
“El problema de la deserción se agravó con la pandemia y necesitamos ir a buscar a cada chico, ver cada situación y por qué no está yendo a la escuela”, subrayó.
Al respecto, opinó que se necesita una “escuela que los reciba y que los retenga, en el mejor sentido de la palabra. Que sea atractiva”.
«El Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes existe. Lo que buscamos es jerarquizarlo. Que tenga más autoridad dentro de las provincias», indicó.
Con respecto a esa cuestión, Graham opinó que «los gobiernos provinciales deben darle mayor jerarquía a sus funcionarios y operadores» del área de la niñez.
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