La primera denuncia, que inició el expediente en cuerpo, se originó por un fallo de septiembre de 2020 en el que calificaron a la interrupción legal del embarazo como «método de tortura de la mafia» y «rituales de las tribus antropófagas». El mes pasado sumaron una nueva denuncia en Tucumán, por considerar que el término violencia de género es «inasible» y «oscuro».
El Consejo de la Magistratura decidió este viernes que pase a la Comisión de Acusación la denuncia contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, investigados por ejercer violencia de género en sus fallos.
El mes pasado, la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán hizo una nueva denuncia contra los jueces, que se sumó al expediente N° 138/20 que tramita en el Consejo de la Magistratura, y surge a raíz de un fallo del pasado 10 de mayo, donde los jueces condenaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja en febrero del 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer.
El cuestionamiento surgió a raíz de los fundamentos del fallo, donde los jueces descartaron la aplicación de la figura de femicidio pedida por la fiscalía y se refirieron al término violencia de género como «inasible» y «oscuro», entre otras consideraciones, donde repiten su ideología, ya cuestionada y denunciada ante el Consejo.
La primera denuncia contra Anzoátegui y Rizzi, que inicia el expediente en el Consejo de la Magistratura, se originó por un fallo de septiembre de 2020.
Fue cuando los jueces consideraron, en una causa que tenía como imputado a un hombre de 30 años por las violaciones reiteradas contra su hermanastra durante casi 10 años, que efectores de salud que practicaron la interrupción legal del embarazo producto de los abusos eran «sicarios» y «asesinos a sueldo».
Y calificaron a la interrupción legal del embarazo como «método de tortura de la mafia» y «rituales de las tribus antropófagas».
Además, llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
Así, en la propia sentencia, los jueces decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.
Entonces, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MxM , junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.
A esto se suma que el año pasado, en un juicio penal donde Luz Aimee Díaz, mujer trans y trabajadora sexual había sido imputada, la nombraron como «el acusado» o «el imputado con tendencias homosexuales», desconociendo el derecho a la identidad autopercibida reconocido en la Ley 26.743.
En otro caso, recientemente, la sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal decidió, por mayoría, hacer lugar a un recurso presentado por la fiscalía y condenar a un hombre por abusar sexualmente de su pareja y por amenazarla en varias oportunidades.
Casación ordenó que se aparte al Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 y, por ende, a los jueces Anzoátegui y Rizzi, que habían absuelto y considerado inimputable al hombre investigado.
El juez del tribunal revisor Eugenio Sarrabayrouse señaló que la argumentación de Anzoátegui y Rizzi «desconoce las dificultades que atraviesan las mujeres que sufren una situación de violencia de género; más aún, en un supuesto en el que quien se presenta como víctima y el imputado poseen una hija en común».
Ahora, se espera que se fije como fecha probable el 4 de agosto para que se reúna la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
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