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La CIDH ponderó ejes de la gestión de la Defensoría del Público conducida por Miriam Lewin


La institución valoró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que da cuenta de un «tratamiento mediático responsable» sobre libertad de expresión, ética y acceso a la información pública.


 

La Defensoría del Público destacó este miércoles el reconocimiento recibido por parte de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA, que valoró la promoción de acciones orientadas al «tratamiento mediático responsable» de los derechos humanos, entre otras cuestiones.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido días atrás y que analiza la situación en materia de libertad de expresión en 35 países de América, resaltó un convenio sellado entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, que fija «un marco institucional para implementar acciones, proyectos y programas que promuevan los derechos humanos, en particular desde su tratamiento mediático».

En el capítulo dedicado a la Argentina, la Relatoría sobre Libertad de Expresión pondera tres ejes de la gestión del organismo conducido por Miriam Lewin: «el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, el Pacto Ético contra la Desinformación y el acceso a la información pública».

El documento puso en valor una de las premisas centrales de la Defensoría, al señalar que «la adecuada cobertura de los hechos relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina y el proceso de memoria, verdad y justicia requieren la incorporación de una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, para evitar la reproducción de discursos que puedan vulnerar derechos».

Por otra parte, subrayaron que el organismo «firmó el Pacto Ético contra la Desinformación impulsado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y por facultades de comunicación, institutos de periodismo y organizaciones para promover la transparencia informativa en el contexto de las elecciones de medio término».

Según resaltó la Defensoría, «en el extenso documento se puede leer también que la Relatoría valora positivamente la información proporcionada por el Estado respecto de la aprobación del primer Código de Ética de la Televisión Pública, conforme al mandato de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».

De acuerdo con la información recibida, el Código de Ética aprobado «ha seguido buenas prácticas sobre ética y tratamiento responsable de noticias y ficción sobre grupos históricamente vulnerados, mujeres, colectivo LGTTBIQ+, migrantes, afrodescendientes, personas adultas mayores, niñez y adolescencia, sobre temáticas como violencia institucional, genocidios, consumos problemáticos, adicciones y abusos», destacaron.

El tercer punto en el que el informe menciona a la Defensoría, refiere a «la existencia del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (…) que brinda a la ciudadanía las informaciones requeridas con mayores niveles de eficiencia y eficacia y que según señalan ha impactado de forma positiva a la ciudadanía, creando un ambiente de transparencia, honestidad y credibilidad hacía los funcionarios públicos».

 

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