La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, aseguró que «no hay excusas para no regularizar a una empleada de casas particulares», al referirse a los controles que se realizan en ese sentido en barrios cerrados bonaerenses.
La cartera laboral multó recientemente a dos administraciones de countries por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.
En ese sentido, Ruiz Malec remarcó que se trata de «proteger a los sectores de menor poder adquisitivo».
«Como Ministerio de Trabajo, tenemos una misión fundamental que es cuidar los derechos laborales. Tenemos la responsabilidad fiscalizar, de llamar al diálogo cuando hay alguna diferencia de opinión y sancionar cuando hay incumplimientos», explicó.
En ese marco, la funcionaria sostuvo que el Gobierno busca «ir primero hacia los sectores más desprotegidos» y recordó que el año pasado se hizo «con los trabajadores de plataformas de deliverys y lo vamos a seguir haciendo».
«En nuestras inspecciones, demostramos una relación laboral, sancionamos en base a eso y tres tribunales distintos nos dieron la razón», rememoró y puso de relieve que «otro sector que es muy vulnerable a pesar de tener trabajo, ya que más de 50 por ciento está por debajo de la línea de la pobreza es el de casas particulares».
Asimismo, contó que se trata de un área en la que «es muy difícil fiscalizar porque entran en tensión la facultad del Ministerio con el derecho de la privacidad del hogar» y dijo que a ello se suma «que la relación es individual, cara a cara».
«No es como en una fábrica donde los todos los trabajadores se ven y pueden organizarse. Hay, además, una carga cultural muy fuerte donde no se reconoce a las trabajadoras como tales, pese a que lo son y a que que aportan al bienestar del hogar con su trabajo», aseveró.
Por ello, Ruiz Malec indicó que «deben ser reconocidas como tales y así lo dice la ley», y detalló que desde esa cartera «se buscan formas para llegar a los empleadores e intimarlos a que las regularicen, pero además informarles que tienen un montón de facilidades para ello».
«Por mes sale menos de 3000 pesos, y si trabaja pocas horas es todavía menos; eso se puede descontar de ganancias y, si no pagan ese impuesto, tienen un programa del gobierno nacional que ayuda a pagar el salario», señaló.
Así, especificó que en los barrios cerrados se solicita el registro de ingresos «sabiendo que así se puede identificar por la frecuencia y por los horarios que se trata de personas que entran a trabajar».
«Esa información se cruza con las bases de la seguridad social y cuando se detecta que hay una relación que no está registrada, junto a AFIP intimamos a los empleadores a que regularicen esa situación e inscriban a la trabajadora», manifestó y recalcó que «es muy sencillo, se hace por Internet y es barato. No hay excusas para no hacerlo».
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