«La prueba del delito es la base de datos, que no fue destruida», afirmó un perito de la justicia federal, Ariel Garbarz, sobre las irregularidades en el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno porteño, que accedió a datos de personas que no estaban siendo buscadas. El reclamo del Cels y la presentación en la Justicia de un amparo colectivo.
Los datos biométricos de las personas, combinados con una base de datos adulterada, pueden servir para la «construcción de pruebas falsas que permiten luego acusar a alguien de haber cometido un delito», explicó el ingeniero especializado en telecomunicaciones y perito de la justicia federal, Ariel Garbarz.
«La prueba del delito es la base de datos, que no fue destruida», resumió Garbarz sobre las irregularidades detectadas en el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que accedió a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, jueces, empresarios y periodistas, según la denuncia investigada por la justicia.
Para Garbarz resulta «clave» que se determine «lo antes posible» quiénes fueron los «operadores del sistema, quiénes conservan la base de datos, cuántos backup se hicieron y cómo fue la ruta de las operaciones ilegales, mediante el seguimiento de la extensión especial que tiene ese tipo de archivos».
«Tener la cara de alguien asociada a un día, a una hora y a un lugar determinado y, a su vez, vinculada a las caras de otras personas puede servir para armar un carpetazo e inventar un delito que no fue cometido», planteó el profesor universitario y graficó: «Adultero la base de datos y te ubico en forma biométrica en una zona donde no estuviste y se cometió un delito y además le presento esa información a un juez».
El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se trate de alguna de las40.000 personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC).
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA.
El reclamo del CELS
-> @SeguridadBA tiene que explicar públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de millones de personas, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo.
— CELS (@CELS_Argentina) April 12, 2022
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), planteó que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones, en el marco de la causa judicial que lleva adelante el juez porteño Roberto Gallardo.
«Tener la capacidad de identificar a una persona en la vía pública puede ser utilizado para bien o para mal; es información que cualquiera anónimamente puede colgar en una página de internet y entonces se convierte en un problema gravísimo de seguridad», dijo Pablo Negri, investigador del Conicet y creador de un sistema de reconocimiento facial de personas desaparecidas.
El científico opinó que «tiene que haber responsables que firmaron y dieron permiso (a esas acciones denunciadas ante la justicia) con un determinado objetivo» porque, si no, es «casi como un robo de datos».
«La tecnología de reconocimiento facial es una herramienta que, si es mal usada, puede ser muy nociva», afirmó y recordó que en el mundo se registraron «enormes errores» a partir del uso de ese tipo de sistemas que llevaron a «identificaciones equivocadas».
De igual manera, el secretario general del sindicato Unión Informática, Ignacio Lonzieme, se manifestó «absolutamente en contra del uso del sistema de reconocimiento facial en CABA».
«Es grave que haya una intención, una voluntad de vaya a saber quién de hacer un seguimiento indiscriminado biométrico; es de una gravedad inconmensurable», remarcó y exigió mayor regulación de los organismos del Estado en la aplicación de esas tecnologías.
Hoy la Justicia allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Ordenó periciar los equipos que se usaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.
— CELS (@CELS_Argentina) April 12, 2022
En cuanto a la investigación que lleva adelante la justicia porteña, Lonzieme confió en que los «responsables» de esas maniobras irregulares pueden ser identificados a partir del análisis de los «metadatos que surgen de los archivos».
«Resulta paradójico que los defensores de la República (en alusión a Juntos por el Cambio) utilicen estos mecanismos no regulados y se vulneren derechos civiles básicos; merece una condena de todos los organismos que protegen la libertad de las personas», declaró.
En el informe que el Renaper presentó ante el juez Gallardo, en el marco de la causa, surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos de 9 millones de personas.
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