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El objetivo del proyecto es llegar a destinar a educación al menos un 30 por ciento del presupuesto anual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos diez años.

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), junto a gremios docentes, cooperadoras escolares, estudiantes y agrupaciones de familias presentaron hoy un proyecto de ley para que la inversión en educación aumente de manera progresiva en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos 10 años, hasta llegar a un 30% del presupuesto total del Gobierno local.

«La educación debe ser prioridad en los números y en los hechos, no sólo en los discursos», dijo la legisladora María Bielli (FdT) en la presentación del proyecto de ley de «financiamiento educativo», del cual es autora, aunque contó con el apoyo de sus compañeros de bloque.

Bielli también mencionó que «hace tiempo nuestro espacio político presenta este proyecto, y siempre acompañado de la comunidad educativa».

Por otra parte, definió como «discursos vacíos» las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña, ya que, consideró, «hablan de la educación como una prioridad» pero sin un «correlato en el presupuesto».

Luego, durante la presentación que se realizó en Salón Perón de la Legislatura, tomó la palabra el legislador Javier Andrade (FdT), quien afirmó que «la educación y la salud son una parte identitaria» del proyecto político del Frente de Todos.

El diputado también hizo hincapié en que los proyectos que se presentan para el sector educativo se elaboran en conjunto con los trabajadores, las familias y la comunidad educativa en general.

Tanto Bielli como Andrade hacían referencia, sin mencionarlas de manera explícita, a las iniciativas que tomó el Gobierno porteño sin dialogar con los trabajadores de la educación, como la reciente propuesta de modificar el estatuto docente; ni con la comunidad educativa en general, como la decisión de implementar prácticas laborales en el último año del secundario.

A su turno, intervino la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, y dijo que «hace 14 años el neoliberalismo gobierna la ciudad y hace 14 años que baja el presupuesto educativo».

«Esto tiene consecuencias arrasadoras», continuó, y enumeró entre ellas la falta de vacantes, la interrupción en la entrega de computadoras a los alumnos durante la pandemia, cuando las clases eran virtuales, y el desfinanciamiento de las asociaciones cooperadoras.

Además, Graciano sostuvo que «no se construyen escuelas al ritmo de la demanda de vacantes», así como «no hay financiación para nuevos puestos de trabajo».

«Necesitamos que esta ley se trate y que sea participativa», agregó, y llamó a frenar «cualquier reforma que no nos tenga en cuenta».

Por otra parte, en representación del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), habló Miguel Aguilar, quien recordó que la Ciudad de Buenos Aires «no tiene una ley de educación», y mencionó otras dos normas que para él deberían existir en el distrito: una de financiamiento educativo, como la que se presentó hoy, y otra de paritarias para trabajadores de este sector.

Luego, dijo que «gran parte del presupuesto» de educación del Gobierno de la Ciudad es destinado a «subvenciones de escuelas de gestión privada», y advirtió que «no hay un control eficiente» sobre cómo se utiliza ese dinero.

En este sentido, mencionó dos ejemplos: el cierre, sin previo aviso, del colegio secundario Cardoso, ubicado en Almagro, pocos días antes del inicio de clases y habiendo ya cobrado las matrículas de los alumnos; y el despido de un docente del colegio San Vicente de Paul, cuya indemnización fue pagada con dinero proveniente del subsidio estatal.

«Estamos acostumbrados a ver colegios que cierran como si fueran una verdulería, porque no se les exige un protocolo o un tiempo», dijo, y por otro lado llamó a «terminar con que los patrones dispongan del dinero del Estado para despedir trabajadores, cuando deberían destinarlo a pagar salarios».

Por último, Aguilar afirmó que «cualquier modificación al estatuto docente tiene que ser con nosotros».

De la presentación también participó Amparo López, del centro de estudiantes del instituto de enseñanza superior en Lenguas Vivas, quien calificó como una «medida inconsulta» del Gobierno porteño las prácticas laborales obligatorias en el último año del secundario, las cuales, consideró, «generarán mayor precarización».

Luego, Pablo Cesaroni, de la agrupación Cooperadoras por la Ciudad de Buenos Aires, recordó que «en 2002, el presupuesto para educación en la Ciudad de Buenos Aires era del 30,2%, mientras que este año es del 17,16%».

«Hubo un retroceso muy grande y hoy estamos planteando volver a algo que había hace 20 años», remarcó.

Por parte del bloque del FdT, además de los diputados María Bielli y Javier Andrade, se encontraban Laura Velasco, Ofelia Fernández, Manuel Socías, Juan Modarelli, Berenice Iañez, Maia Daer, Lucía Cámpora, Claudia Neira, Claudio Morresi, Cecilia Segura y Franco Vitali.

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