La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la recién formada Liga Boliviana por los Derechos Humanos (LBDH) denunciaron la implementación en Latinoamérica de un «nuevo Plan Cóndor» con el objetivo de «desmantelar los Gobiernos revolucionarios y progresistas de la región».
Así se señalaron ambas organizaciones a través de una declaración conjunta sobre una presunta participación del Gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el 2019, a partir de documentos conocidos en los últimos días, que dieron cuenta del envío de material bélico con el supuesto fin de ser utilizado para reprimir las protestas contra la desestabilización institucional.
«Un nuevo Plan Cóndor se implementó en Nuestramérica, para desmantelar los gobiernos revolucionarios y progresistas de la Región, y reprimir a las mayorías que soñamos y construimos un mundo justo y una América unida», indicó el comunicado emitido de manera conjunta por la Liga Argentina y la Liga Boliviana por los DDHH.
El Gobierno de Bolivia denunció el jueves pasado que la administración de Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las masacres de Sacaba y Senkata.
La información fue difundida a la prensa por el canciller Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Áñez.
El comunicado de las ligas argentina y boliviana por los DDHH aseguró que las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, «en las cuales decenas de compatriotas de la Patria Grande fueron asesinados», así como las «represiones sistemáticas» contra el pueblo boliviano, se llevaron adelante «con el armamento conjunto y coordinado de las derechas de nuestros países, dirigidas por el imperialismo norteamericano».
También expresaron que, entre 2015 y 2019, el Gobierno de Macri «coordinó su política con el imperialismo, con el FMI y con las derechas latinoamericanas, destruyendo al Unasur y construyendo el golpista Grupo de Lima».
Acusaron a esa gestión también de haber aplicado «el recetario económico neoliberal», que ajustó «la inversión pública en educación, salud, vivienda, trabajo» e incluyó «asesinatos, presas y presos políticos y represiones callejeras», junto a «una deuda externa impagable y un tendal de empobrecidos, hambrientos y desamparados».
El comunicado reafirmó el repudio del presidente argentino Alberto Fernández contra los actos de su predecesor Macri y lo consideró «un acto de soberanía y vocación de reafirmar los lazos democráticos» entre la Argentina y Bolivia.
Además, el texto presentado por ambas organizaciones de derechos humanos recordó la necesidad de «poner a disposición toda la capacidad de los Estados y establecer mecanismos de colaboración conjunta» para investigar e impedir que «estos crímenes contra la humanidad queden impunes».
Exigió que ambos países pidan la captura de Macri y de todos los implicados en la planificación y consecución del golpe, «para que sean juzgados adecuadamente» y que los dos Estados «pongan a disposición todas las pruebas al respecto de éste y otros delitos contra nuestros pueblos».
Firmaron el comunicado por Argentina José Ernesto Schulman, presidente de LADH e Iris Avellaneda, vicepresidenta de LADH. En tanto, por Bolivia lo hicieron Iván Bascopé Sanjinés, Cecilia Urquieta Pardo, Kiara San Pablo Morales, María Bolivia Caba, Orlando Pazos Terrazas, Eduardo Lohnhoff Bruno, Abigail Aliaga Sánchez, Fernando Torres y Humberto García Juchani, de la LBDH.
