La actividad, convocada como ‘Derrotemos al lawfare, una batalla por la memoria y la democracia’, alternó exposiciones por videoconferencia y discursos presenciales desde el Centro Cultural Padre Mugica, en San Telmo.
Legisladores nacionales y de países de la región, funcionarios del Ejecutivo, especialistas en Derecho e integrantes de organismos de derechos humanos realizaron un acto en repudio al ‘lawfare’ y anunciaron iniciativas para revisar procesos judiciales en las que no se hayan respetado las garantías constitucionales a través del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La actividad, convocada como ‘Derrotemos al lawfare, una batalla por la memoria y la democracia’, alternó exposiciones por videoconferencia y discursos presenciales desde el Centro Cultural Padre Mugica, en San Telmo.
Participaron como oradores el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén); la diputada Fernanda Vallejos (FdT-Buenos Aires); la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño; el abogado José Manuel Ubeira; el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, y la abogada y catedrática brasileña Carol Proner (que formó parte del equipo de abogados de Luiz Inácio Lula Da Silva e integra la Asociación de Juristas por la Democracia).
También intervinieron los legisladores del Parlasur Oscar Laborde (FdT) y Gastón Harispe (FdT) como asimismo el paraguayo Ricardo Canese, también parlamentario del Mercosur (Frente Guazú), mientras que el rol de moderadora lo ejerció la abogada Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido.
Entre las primeras disertaciones, Harispe (titular de la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur) explicó los alcances de un proyecto que está impulsando en el Parlamento del Mercosur para que, en caso de aprobarse en el pleno, el Parlasur inste al Congreso de cada uno de los socios del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a tratar leyes que hagan posible la revisión de procesos penales en los que se hayan violado garantías constitucionales o no se haya respetado la imparcialidad por razones políticas o ideológicas.
Harispe dijo que el objetivo del proyecto es que el Parlasur («que no legisla, sino hace recomendaciones», recordó) emita «una declaración de interés con una proposición activa al debate dirigida a cada uno de los Parlamentos».
El objetivo, siguió Harispe, es que el Congreso de cada país pueda iniciar el debate sobre revisión de condenas de primera instancia en casos con irregularidades manifiestas, en las que se hayan incumplido garantías constitucionales o convenciones internacionales de Derechos Humanos.
Tras la presentación de esa iniciativa, lo que siguió fue una sucesión de discursos en los que los oradores definieron al lawfare como una ‘guerra judicial’ entablada por los centros de poder contra los gobiernos progresistas o populares.
Caamaño, titular de la AFI, señaló por ejemplo que el «presidente Alberto Fernández, apenas asumió, decidió intervenir» la central de espías, ya que durante la gestión de Mauricio Macri la ex SIDE se había convertido, dijo, «en una de las herramientas de la persecución judicial a las disidencias del neoliberalismo».
«Pero está claro que con eso no alcanzó: todavía tenemos presos políticos, y ahora lo que necesitamos es que se depure la Justicia», advirtió la ex fiscal, quien asimismo remarcó: «No hay democracia, República ni Estado de Derecho si se violan los derechos de las personas acusadas de algún delito».
Al describir el lawfare, Caamaño cuestionó los efectos de la aplicación de la ley del arrepentido («viola el artículo 18 de la Constitución», remarcó) y además repudió «el uso extorsivo de la prisión preventiva como moneda de cambio para lograr confesiones».
Parrilli, en tanto, advirtió a los presentes que «la mejor y la única manera de derrotar al lawfare es con el voto».
«Si bien es cierto que tenemos que dar todas las batallas en la Justicia y en las Cortes y en los juzgados, no es ahí donde se va a dar el triunfo», señaló el senador, para luego subrayar: «La única manera de derrotar al lawfare es votar proyectos y dirigentes que defiendan a sus pueblos, que no tengan miedo, que tengan coraje».
La diputada Vallejos enumeró casos emblemáticos del lawfare en la región, para lo cual citó «la destitución de Dilma, el encarcelamiento de Lula, la prisión de Jorge Glas en Ecuador, las causas contra Rafael Correa, las causas en la Argentina contra la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más las detenciones arbitrarias de varios exfuncionarios de su gobierno, como Amado Boudou y Julio De Vido, y también de líderes sociales vinculados al proyecto del kirchnerismo, como Milagro Sala».
Para Vallejos, el lawfare puede ser entendido como «una guerra por otros medios, implementada por los centros de poder contra Estados o sectores políticos que amenazan intereses del poder económico y financiero», y en ese sentido lo vinculó con el concepto de «guerra híbrida», que refiere a las «estrategias de desestabilización que buscan producir cambios de régimen en países no aliados».
Desde Brasil, la jurista Proner exhortó a revisar los intercambios técnicos que se suscribieron en los últimos años el Ministerio Público y el Poder Judicial de los países de la región con el sistema de justicia de EEUU: citó como ejemplo el Proyecto Puentes (en portugués Projeto Pontes), cuya existencia fue revelada por una filtración de WikiLeaks y por medio del cual se entrenó a miembros del sistema judicial brasileño en leyes y procedimientos de ‘contraterrorismo’.
Proner también se refirió a la situación legal de Lula, y se concentró en los antecedentes que derivaron en la decisión del juez del Superior Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular todas sus condenas y restituir los derechos políticos del exmandatario.
«Gracias a las filtraciones de un hacker ha sido posible descubrir un complot entre fiscales, procuradores de la República y el exjuez Sergio Moro para condenar al expresidente Lula y eliminar simbólicamente al Partido de los Trabajadores», aseguró la jurista.
«Esos diálogos son escandalosos, y están disponibles para ser conocidos», completó.
El acto estuvo organizado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, y entre los asistentes en el Centro Cultural Mugica estuvieron también la mexicana Mónica García de la Fuente, esposa de Amado Boudou, y el abogado penalista Maximiliano Rusconi.
