Marisa Graham explicó que organismos como la Defensoría y otras entidades de Derechos Humanos «pueden ser veedores de un proceso que cree soluciones alternativas, que respeten y resguarden los derechos de las y los niños».
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien intervino en el proceso por el desalojo de la toma de tierras de Guernica suspendido por la Justicia hasta el 1° de octubre, afirmó que se debe buscar «una medida alternativa», pues la desocupación es «siempre un hecho violento» para los menores «aún sin que haya exceso en el uso de la fuerza».
Graham explicó que organismos como la Defensoría y otras entidades de Derechos Humanos «pueden ser veedores de un proceso que cree soluciones alternativas, que respeten y resguarden los derechos de las y los niños».
«Se requiere flexibilidad, cooperación y predisposición para encontrar una solución que no implique medidas coactivas ni de fuerza en detrimento de las y los niños que hoy viven allí», insistió la funcionaria, se informó en un comunicado.
Graham aseveró: «Debemos buscar una medida alternativa al desalojo. Un desalojo es siempre un hecho violento para niñas, niños y adolescentes, aún sin que haya exceso en el uso de la fuerza».
Recordó además que «reforzó la necesidad de crear una mesa de diálogo para debatir y acordar medidas alternativas al desalojo forzoso, que se nutran del consenso y eviten la violencia, tal como también lo solicitó la Defensoría del Pueblo», y que pidió «dar lugar al Plan de Contingencia presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que contempla un abordaje interministerial de la situación social de miles de familias».
La Argentina, advirtió, enfrenta «una compleja confluencia de problemas estructurales de larga data con los generados por la pandemia del COVID-19».
Por ello enfatizó que «pese a que el marco jurídico de esta situación es una denuncia penal, el escenario de vida de las niñas, niños y adolescentes involucradas/os es la pobreza y la extrema vulnerabilidad en la que viven, por tanto la toma debe analizarse en este contexto socio económico y desde un enfoque de derechos integral».
