La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, presentó un recurso a raíz de «numerosas denuncias» recibidas desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, presentó hoy un hábeas corpus colectivo y preventivo a raíz de “numerosas denuncias” recibidas por casos de violencia institucional en la provincia de Salta.
A través de un comunicado, la Secretaría explicó que “la solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
La acción fue presentada ante el Poder Judicial provincial por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría.
A través del escrito, se promueve una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo “en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, debido a los graves hechos de violencia policial que se vienen denunciando en el territorio provincial”.
Según se informó, las “numerosas denuncias” fueron “recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia”.
El organismo aseguró que estas denuncian incluyen “casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el decreto provincial 255/2020, que se alejan de los fines buscados por el decreto nacional 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del Covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas”.
En el texto de la presentación se transcriben algunas de las denuncias recibidas y los funcionarios advierten que “los hechos descriptos no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial”.
Asimismo, aluden a la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”.
Por tal motivo, la Secretaría solicita la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/2020 y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia.
Piden, en este sentido, que las autoridades provinciales deberán «abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos”.
Según indicó el organismo, “la solicitud está fundada en las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante todas las acciones necesarias a los fines de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas».
Finalmente, la secretaría indica que también se busca con la presentación «evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.
