El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Justicia, Marcela Losardo; subrayaron hoy que el espíritu de la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández apunta a agilizar los expedientes y ampliar la cantidad de jueces federales para que puedan ofrecer un trabajo más plural y más ágil.
«La intención es agilizar y transparentar los temas judiciales», definió la ministra Losardo, quien sostuvo que para eso «tiene que haber una transformación en el sistema penal», lo que «significa la fusión con un nuevo fuero penal para delitos que sean graves».
El jefe de Gabinete, en tanto, mencionó que «ampliar el fuero federal es generar multiplicidad de voces, de miradas, que más jueces puedan tener un trabajo más plural y mayor celeridad en las causas. «Queremos una Justicia independiente», enfatizó.
Alberto Fernández advirtió desde la campaña electoral que se ocuparía de los problemas de la justicia y ayer avanzó con una anuncio para la fusión del fuero federal con juzgados criminales que funcionan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que unos cincuenta jueces pasen a ocuparse de los delitos graves, como el crimen organizado, la trata, el narcotráfico o la corrupción.
Losardo mencionó en declaraciones al programa «Crónica Anunciada» de FM Futurock, que «hace unos años se pidió una auditoría al Consejo de la Magistratura y dio que una causa llevaba catorce años, por ejemplo, y no es justo que tenga esa demora porque no es justo ni para un ciudadano, ni para un funcionario, aunque deba ser investigado».
«Es mucho tiempo para que una persona esté esperando la sentencia, para ser condenada o liberada», señaló.
«La idea de la reforma judicial es acercar herramientas de accesibilidad a la Justicia a los ciudadanos» indicó Cafiero, a su turno, en diálogo con El Destape radio.
«Tenemos que lograr que la Justicia no tenga visos de que persigue lineamientos políticos», subrayó.
Con este anuncio de reforma, el gobierno sumó un nuevo frente de discusión con los magistrados, que venían protestando por los cambios al sistema de jubilación especial del que gozan jueces y fiscales.
La principal amenaza de los jueces para frenar el aumento del aporte, la suba del tope en la edad y los cambios en la base de cálculos es que muchos de ellos en condiciones de jubilarse lo harán de inmediato, y de este modo se agudizaría la vacancia de titulares en cerca de un 25 por ciento de los juzgados de todo el país.
Sobre esta posible renuncia masiva de jueces, Losardo no se mostró muy preocupada y señaló que «si tengo 10 o 15 renuncias es mucho: se va de la Justicia el que se quiere ir».
Temperamento similar asumió Cafiero, quien señaló que el gobierno «no empuja a ningún juez o fiscal a que se jubile», pero si quiere «equidad previsional.
«Nos sorprendió la oposición con el tema jubilaciones de privilegio, ellos (los jueces) tenían en proyecto hace días, habíamos hecho cambios y luego cambiaron», amplió.
En los juzgados criminales, tanto nacionales como ordinarios, hubo incertidumbre por los cambios que se avecinan pero ningún juez estuvo dispuesto a opinar sin antes conocer los detalles del proyecto de reforma.
No obstante, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional preparaban una reunión general de la conducción para analizar los anuncios del presidente y asumir una postura pública.
«Es un grave error pensar que esta reforma está apuntada a Comodoro Py», aclaró Losardo.
«Hablo con los jueces y les encanta esta reforma, por eso me sorprende mucho que digan que queremos dinamitar la Justicia cuando buscamos mejorarla», recalcó para terminar.
