El Procurador General de Salta, Abel Cornejo, le planteó hoy al gobernador Gustavo Sáenz la necesidad de suspender la vigencia de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que permitió a las provincias actuar en casos de narcomenudeo, porque consideró que genera hacinamiento en cárceles y comisarías, y pidió el traslado de la cárcel de la capital salteña.
«Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas», afirmó el Procurador.
Durante el encuentro, Cornejo planteó al gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley 26052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley 23737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y que habilitó a las provincias que adhieran a la norma actuar en casos de narcomenudeo.
En Salta la adhesión entró en vigencia el 1ro de enero de 2014.
En su artículo quinto, la ley establece «un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran, de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de la presente».
Desde la adhesión de Salta a la norma, la administración nacional adeuda estos fondos.
Durante la charla con el mandatario salteño, Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, que adhirieron a la ley pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento del gobierno nacional en estos años generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía, donde también se aloja a detenidos.
En este sentido, el procurador también le sugirió a Sáenz que la Unidad Carcelaria 1, más conocida como el penal de Villa Las Rosas, ubicado en la capital salteña y considerada la más grande de la provincia, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana.
«La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana», afirmó.
