«Nuevo caso de corrupción en el gobierno de Milei»
«Las autoridades de este organismo están desplegando conductas delictivas. Los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la Superintendencia de Servicios de Salud en rechazo al intento de vaciamiento y de despidos en el organismo, en un contexto donde su gerente, Mario Gutiérrez, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, aumentando casi 30 veces su patrimonio en dos años y teniendo gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos que no se pueden justificar.
“Las autoridades de este organismo están desplegando conductas delictivas. No sólo intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar esta institución y evitar de esta manera controlar a las prepagas, favoreciendo negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes, sino que ahora también surgen graves irregularidades en sus patrimonios y gastos. Los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente explicó: “Existe un desmanejo grave en el organismo que pone en riesgo todas las prestaciones. Cajonean expedientes con reclamos, establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga, permiten el cobro de plus, coseguros y aranceles diferenciados que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”.
“La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan. Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Rodolfo Aguiar.
SALUD PÚBLICA HOY Y SIEMPRE!
En las puertas de la Superintendencia de Servicios de salud, junto a las y los trabajadores de #ATE le contamos al Gobierno que las familias se vuelcan al sistema público de salud porque tienen que dejar de pagar sus prestaciones privadas.
La plata… pic.twitter.com/H9U4kLEtGQ— Maria Mercedes Cabezas (@MercedesCabezas) March 27, 2026
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó: “Venimos a reclamar y denunciar el vaciamiento que se está llevando adelante con las obras sociales en nuestro país, pero además el abandono de la salud pública. Desde que asumió Javier Milei, notamos un retroceso muy grande. Cientos de familias se vuelcan al sistema público de salud porque tienen que dejar de pagar sus prestaciones privadas. Difícilmente pueda dar respuesta un sistema de salud diezmado, vaciado, con bajos salarios y poca política pública, a los cientos de miles de familias que lo eligen porque entienden que los mejores profesionales son parte del sistema público, mucho menos a aquellos que lo necesitan para resolver prestaciones que antes resolvían a través de la oferta privada”.
La denuncia anónima contra Mario Gutiérrez fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.
Además, en el marco del intento de vaciamiento que lleva adelante el superintendente de Salud, Claudio Stivelman, el sindicato realizó durante las últimas semanas «paros a la japonesa» que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud. La medida fue muy bien recibida por los usuarios, reivindicando el rol estatal en la resolución de conflictos.
Otra de las irregularidades que ATE pudo verificar es que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.
El sindicato estatal también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.
Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.
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