El abogado argentino Gregorio Dalbón plantó una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Hubo también una presentación penal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y, el CELS también denunció ante la CIDH y la ONU.
El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el abogado Gregorio Dalbón -denunció ante la CIDH-, y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presiden el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel y la académica Dora Barrancos, denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el violento operativo de represión que dispuso en la marcha de hinchas y jubilados. El CELS también hizo presentaciones ante la CIDH y la ONU.
Las denuncias son por los delitos de abuso de autoridad; violación de deberes de funcionarios públicos; lesiones graves por alevosía; apremios ilegales y privación de la libertad. La denuncia del ex secretario de Derechos Humanos también alcanzó al ministro de Seguridad de la Ciudad de Bs As, Horacio Giménez dado que también intervinieron las fuerzas porteñas.
Las denuncias enfatizan en que el derecho a la protesta es un derecho humano fundamental que está reconocido y protegido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al igual que el derecho a la libertad de expresión.
“Durante la manifestación registramos que el accionar del personal policial incumplió de forma palmaria y manifiesta los estándares internacionales que regulan el control de las manifestaciones públicas”, afirma el escrito de la CPM en la que denuncian también haber registrado la portación de armas letales y el uso “indebido” de armas menos letales como las que afectaron al periodista Pablo Grillo, que está peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía. “La Comisión Interamericana ha advertido que el uso de este tipo de armas debe ser desaconsejado debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto”, continuó la CPM.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) les pidió a los organismos internacionales que soliciten informes al Estado argentino sobre el desarrollo de los operativos de seguridad que se desplegaron desde febrero y que manifiesten su preocupación por el amedrentamiento, criminalización y represión de manifestantes. Les requirieron que hagan hincapié en la situación de los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. «Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales», resalta Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Dalbón denunció a Bullrich ante la CIDH
La presentación que lleva la firma del abogado argentino Gregorio Dalbón, contiene detalles sobre el desmedido despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería, cuyo agente apellidado Guerrero fue identificado como autor del disparo a Grillo. De acuerdo con el texto, “de manera organizada más de 1.000 oficiales de las fuerzas desplegados por el ministerio de Seguridad comenzaron a avanzar sobre los manifestantes reprimiendo con gases lacrimógenos, palos y carros hidrantes”.
Y precisa: “Luego de que las fuerzas de seguridad cargaran contra los manifestantes, el ministerio de Seguridad aseguró que hubo al menos 124 detenidos. Además, se conoció que un fotógrafo, Pablo Grillo, salió gravemente herido, sufriendo una fractura de cráneo como resultado de un golpe directo con un gas lacrimógeno disparado por la Policía, y hoy lucha por su vida”.
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