La cancelación de las centrales térmicas en Formosa e Ibarreta representa un retroceso significativo en los esfuerzos por fortalecer la infraestructura energética del país, además de generar incertidumbre sobre la continuidad y eficacia de las políticas energéticas bajo la gestión Milei. Las turbinas de las centrales térmicas iban a utilizar el gasoducto troncal de gas natural.
En una polémica sorpresiva, el Gobierno Nacional bajo la gestión de Javier Milei ha optado por cancelar la ejecución de dos importantes centrales térmicas en Formosa e Ibarreta, a pesar de que la empresa Secco ya había sido seleccionada para llevar a cabo los proyectos. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 151/24, implica no solo la devolución de montos invertidos hasta el momento, sino también posibles disputas legales y complicaciones en el suministro energético a nivel nacional.
Las turbinas de las centrales térmicas iban a utilizar el gasoducto troncal de gas natural.
Estas centrales, que estaban destinadas a generar 120 megavatios cada una, tenían como objetivo fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en el norte del país, donde la demanda energética es significativa. La iniciativa formaba parte de la convocatoria TerConf, diseñada para asegurar un suministro energético estable a largo plazo mediante tecnologías eficientes y modernización de equipos en nodos críticos.
La cancelación de estos proyectos representa un revés considerable para el desarrollo energético planeado y para las expectativas locales de empleo y crecimiento económico en Formosa. Además, pone en tela de juicio la estabilidad de las políticas públicas en el sector energético, afectando la confianza de inversionistas y empresas del rubro.
La Resolución 151/24 instruye a CAMMESA a proceder con la devolución de los fondos invertidos por las empresas adjudicadas, que incluyen pagos iniciales y mensuales destinados al mantenimiento de la adjudicación de los proyectos. Esta situación podría desencadenar reclamos legales por parte de las empresas afectadas, que ya habían comenzado a depositar garantías para asegurar su participación en el mercado energético.
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