Piden que la Justicia investigue una supuesta «privatización» del sistema vacunatorio en la Ciudad de Buenos Aires.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió este jueves al Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán Quirós, que informe «mayores detalles sobre la asignación de dosis» de vacunas contra el coronavirus «a entidades privadas de salud», a raíz de la denuncia sobre una presunta «privatización» de la campaña de vacunación en el distrito.
La denuncia contra autoridades de la administración porteña, por «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados», fue realizada el martes por la abogada laboralista Natalia Salvo.
La directora de Amnistía Internacional, Mariela Belski, explicó en un comunicado que «la igualdad y no discriminación deben ser el eje de toda respuesta a la pandemia» y destacó que «la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19».
En ese sentido, sostuvo que «Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas», para «monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios».
«Los Estados deben garantizar el acceso a la inmunización sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la sociedad», advirtió la organización.
Asimismo, manifestó que «en la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19», a efectos de «garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de quiénes sean o cuánto puedan pagar».
«La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas», advirtió la ONG y su presidenta dijo que «los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella».
Amnistía Internacional, en ese sentido, pidió información «a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sobre los convenios firmados con las entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra Covid-19», así como «detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud».
Asimismo, solicitó detalles sobre «los criterios para la asignación (de dosis de vacunas) a establecimientos públicos y privados» y precisiones «sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el Covid-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona».
La ONG también reclamó información sobre la existencia de un «mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
La abogada que denunció al jefe de Gobierno porteño Larreta, y a Quirós explicó el martes que «en la ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus» y dijo que «esto es una estafa a los porteños y también al Estado nacional, que es el que adquirió las vacunas, que son un bien de utilidad pública esencial y escaso en el mundo».
«Una cosa es acordar una cooperación con una entidad, para utilizar sus instalaciones y allí realizar la vacunación, como sucede en la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es hacer un convenio con las obras sociales y prepagas y entregarles las vacunas para que se las administren a sus afiliados», manifestó Salvo y destacó que «son dos cosas muy distintas».
