Fue la conclusión del 48° Congreso Nacional de la Asociación Bancaria (AB). Reclamará al Banco Central (BCRA) una reforma normativa que garantice un único marco para el funcionamiento del sector y su adecuado contralor.
El 48° Congreso Nacional de la Asociación Bancaria (AB), clausurado, decidió promover la sanción de una nueva Ley de Servicios Financieros que oriente a la actividad hacia el desarrollo de la economía real; denunció a las entidades privadas por «marcadas irregularidades» y reclamará al Banco Central (BCRA) una reforma normativa que garantice un único marco para el funcionamiento del sector y su adecuado contralor.
Al clausurar el encuentro de las 53 seccionales del gremio, encabezado por su titular, Sergio Palazzo, el Congreso determinó luego de una exposición de los integrantes de la Comisión de Banca Privada, que esa ley de servicios financieros debe estipular medidas de seguridad coherentes con los riesgos sistémicos de la introducción masiva de inteligencia artificial y las debilidades de las tecnologías de la comunicación.
«Esa norma tiene que garantizar la adecuada distribución de sucursales en todo el país para solventar la atención personalizada y el asesoramiento financiero; determinar la operatividad del sistema y el suficiente acceso a la moneda nacional en caso de acciones destructivas o disruptivas de las redes digitales», señalaron los congresales.
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— Asociación Bancaria (@La_Bancaria) June 25, 2021
También resolvieron que la norma, que impulsarán «de forma enérgica», debe reducir la jornada laboral de 7.30 horas, reglamentar el teletrabajo, organizar a los tercerizados a partir de su reconocimiento como bancarios e implementar los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad, a la vez que tiene que promover la formación del personal como asesores financieros públicos, lo que debe ser certificado por las autoridades educativas.
«Esa nueva ley debe contemplar garantías para la privacidad de los trabajadores y garantizar que el personal y los sindicatos sean informados de forma previa por las empresas sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que incidan en las condiciones de trabajo, la carrera profesional, el acceso y mantenimiento del empleo y la metodología de elaboración de perfiles, que pueden violentar la legislación y la Constitución», dijeron los congresales.
El encuentro bancario, en el que participaron el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo además que en «el laboratorio de la pandemia de coronavirus los bancos privados especulan con los resultados del teletrabajo y trasladan sus costos a los trabajadores; dictan órdenes fuera de la jornada laboral; invaden la privacidad y reducen la estructura física central y de las sucursales».
«La banca privada incorpora cada vez más terminales automáticas; con las grandes bases de datos automatiza tareas, como la asignación del crédito; aumenta las tercerizaciones para eludir regulaciones y desconocer condiciones laborales del convenio colectivo y desplaza a más personal con experiencia», puntualizó el documento del gremio.
También denunció que la banca privada no provee muchas veces formación/capacitación suficiente a los bancarios desplazados de sus funciones habituales, acorde con la reconversión financiera actual, e impone retiros con el argumento de «no te queda otra», y señaló que «migra operaciones y negocios fuera de las entidades con renovado impulso».
«Muchas veces están integradas en los grupos financieros que encabezan los bancos o conformadas con el concurso de sus capitales hacia las tecno empresas, Fintech, plataformas y APP digitales, administradoras de tarjetas de crédito y otros medios de pago, agencias complementarias, transportadoras de caudales, compañías financieras y prestadoras de servicios de maestranza y seguridad», denunció el Congreso.
En relación con la seguridad del sistema financiero, los bancarios aseveraron que esos servicios deben ser accesibles para todos y también seguros, y remarcaron que «la accesibilidad y funcionamiento estable en todo el país depende de una adecuada distribución geográfica de sucursales físicas operadas por trabajadores debidamente especializados, que no pueden ser suplantados por la banca digital o agencias».
«Esos canales no están en condiciones de ofrecer la atención acorde a los derechos del usuario, que exige confidencialidad y asesores financieros, con una formación superior al de vendedor de servicios y, además, la red digital no funcionaría durante un colapso cibernético, lo que condicionaría o no garantizaría el acceso a la moneda nacional, a otros medios de pago y a los depósitos», enfatizó el documento de la organización.
Además, sostuvo que la seguridad del sistema, su desarrollo acorde con el volumen de la economía y la distribución de la población, exige más y no menos empleo bancario, por lo que reclamó al Banco Central, al Ministerio de Economía y al Congreso Nacional la adopción y promoción de inmediatas regulaciones «coherentes e imprescindibles».
«Los riesgos para la sociedad y el país se potencian. Son muchos los fraudes, robos y hackeos y el uso indebido de datos que afectan a las personas. El capital financiero está migrando operatorias y negocios fuera del sistema bancario por motivos de elusión impositiva, condiciones laborales convencionales y otras regulaciones. No es menor la traslación hacia las agencias complementarias y empresas tecno financieras, registradas como entidades financieras no bancarias para eludir regulaciones», concluyó el gremio.
