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En Italia la Justicia exige la regularización de 60.000 repartidores a domicilio, «tratados como esclavos»

Para la justicia, en base a una investigación en todo el país, se trata en realidad de trabajadores dependientes y no autónomos. En cuatro años, las multas aplicadas por la carencia de medidas de seguridad para los trabajadores se estiman en 733 millones de euros.


 

La justicia italiana exigió este mièrcoles la regularización de unos 60.000 repartidores a domicilio que trabajan para plataformas como Uber Eats y Foodinho-Glovo, informó la fiscalía, que consideró que son «tratados como esclavos».

 

«Es fundamental modificar el contrato» que vincula a los repartidores con el empresario porque «no se trata de un servicio independiente y ocasional, sino de un servicio coordinado y continuo», explicó la fiscalía de Milán en un comunicado.

 

Para la justicia italiana, en base a una investigación en toda la península, se trata en realidad de trabajadores dependientes y no autónomos.

 

«La gran mayoría de los repartidores trabajan con contratos de independientes y ocasionales», pero «los controles de la policía han establecido (…) que la realidad es otra», agrega el comunicado, según consignó la agencia AFP.

 

La investigación se inició en julio de 2019 tras varios accidentes de tráfico en esa ciudad y se extendió gradualmente a todo el territorio italiano.

«Fueron entrevistados más de 1.000 repartidores a domicilio en bicicleta» de toda la península, precisa el comunicado.

 

El tribunal informó a las cuatro empresas afectadas, Foodinho-Glovo, Uber Eats Italy, Just Eat Italy y Deliveroo Italy, que contaban con un plazo de 90 días para tomar las medidas indispensables para regularizar esos trabajadores.

La decisión afecta a más de 60.000 repartidores que trabajaban para esas cuatro empresas entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2020, precisó la fiscalía.

 

Las autoridades encontraron una serie de violaciones de las condiciones de seguridad de esos trabajadores.

Las multas por tales irregularidades, aplicadas a las 60.000 personas durante el período en cuestión, representan un monto de 733 millones de euros (890 millones de dólares).

 

Las cuatro empresas deberán aportar también las cotizaciones sociales por el mismo período, una cifra que no ha sido cuantificada.

Contactada por la AFP, la asociación italiana de plataformas de entrega rápida (Assodelivery) no realizó declaraciones.

 

En tanto, la plataforma Uber para esas entregas explicó en un comunicado que «ha puesto en marcha en los últimos meses un sistema de protección mayor así como mejores condiciones laborales para los repartidores independientes» de Italia.

 



 

Agencia del Plata

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